El escenario más probable inmediato que se producirá en los
próximos días, es que después de fuertes tensiones en el bloque de partidos
pro-consulta, se cumpla la decisión del
Tribunal Constitucional y no haya ni consulta ni amago de consulta el 9 de
noviembre, y en consecuencia la única salida del Govern de la Generalitat sea convocar elecciones anticipadas. Algunos
dirigentes de Convergencia las han definido como plebiscitarias. El significado
de plebiscitarias no es tan claro como parece. Según algunas interpretaciones, Mas consciente que en estos momentos ERC
sería la primera fuerza parlamentaria, pretende con esa fórmula fomentar
candidaturas conjuntas de los dos partidos, que previsiblemente llevarían en su
programa electoral la Independencia de Cataluña y que además enmascararían su
fracaso político.
Hablando claro: lo de consultar la opinión de los catalanes
el 9 de noviembre es un mero artificio para disimular ante Madrid, el auténtico
objetivo de la actual movilización catalana. No había más que ver el emotivo
acto en el Palau de la Generalitat en la recepción organizada por Mas a los alcaldes catalanes del pasado 4 de
octubre. La consigna que coreaban en los momentos de mayor entusiasmo no era
¡consulta!!consulta! sino ¡independencia!! independencia !.
Previsiblemente en coalición o por separados ERC y C. y ¿U.? obtendrán de nuevo mayoría en la
cámara, contando siempre con la inestimable ayuda de I.C. socio parlamentario de IU en la auto-denominada
Izquierda Plural. Al haber llevado explícitamente en su programa el objetivo
independentista muy bien podrán declarar en otra histórica sesión del
Parlamento Catalán la Independencia de Cataluña. Y vuelta a empezar. Recurso
del Gobierno al Tribunal Constitucional, suspensión del acuerdo….Cataluña,
incluso aunque hubiera una mayoría electoral favorable en su población no puede
ser hoy por hoy, ni posiblemente en muchos años, independiente. No sólo por razones legales. España no puede permitirse el
lujo de que se separe la primera comunidad de España en P.I.B, que, cito de memoria, alcanza casi el veinte por
ciento de nuestro P.I.B nacional. Pujol
a quién algunos adjudican la tutoría en la
sombra de este desdichado proceso soberanista, debería haber recordado lo que
dijo allá por 1990, cuando la desmembración de la Unión Soviética “Lituania es como Cataluña, pero España no es
la Unión Soviética”. Cuanta lucidez
perdida con los años. Como escribió el general De Gaulle en sus Memorias de Guerra refiriéndose a Petain “la vejez es un naufragio”.
Es claro que no habrá, al menos en un futuro próximo,
Independencia Catalana. Esto no obsta para que el Gobierno español, pasado el
nueve de noviembre, de común acuerdo con el PSOE, prepare ofertas atractivas
para el sector moderado del nacionalismo catalán. Aunque condenado al fracaso,
como he intentado demostrar en estas líneas, el independentismo catalán tiene
un innegable arraigo en los sectores más movilizados de la sociedad catalana. A
lo largo de reiterados viajes, por razón de amistades, a la provincia de Girona
en las décadas de los ochenta y noventa, ya pude observar en conversaciones con
sus habitantes, en los signos externos simbólicos como las banderas visibles,
la educación que se impartía en las escuelas… que existía lo que podríamos
llamar, al menos en esa zona de Cataluña, un independentismo latente. Como ha
ocurrido en otras ocasiones en la Historia, determinados acontecimientos en los
últimos años han transformado el independentismo latente en Cataluña en una potente fuerza política. Un acontecimiento de primera
magnitud ha sido la aguda crisis
económica que afecta a Cataluña, como al resto de España, desde el año 2008.
Otro, la desgraciada peripecia del nuevo Estatuto Catalán, con el colofón de la
Sentencia del Tribunal Constitucional, después de tres o cuatro años de deliberaciones
para dictaminar sobre un texto que no tendrá más de cien páginas. Dictamen que
sin duda tendrá sólidas bases jurídicas, pero que políticamente cayó como una
bomba sobre un pueblo que después de tres aprobaciones parlamentarias había
ratificado en referéndum el nuevo Estatuto. Sin duda junto con los citados
hay otros factores que seguramente
desconozco. Todos han convertido al independentismo catalán en una fuerza de
primera magnitud.
Las grave crisis del Estado Español que comporta la agudización del problema catalán no es algo
que se pueda dejar para que el tiempo lo solucione. Es notorio que Rajoy es un firme partidario de que el tiempo
soluciones los problemas. Esta fórmula puede servirle en ocasiones, como para
que Gallardón se sienta "ninguneado" porque nunca
se tramite un ante-proyecto de Ley de su competencia aprobado hace más de un año en Consejo de
Ministros, y poder forzar su dimisión. El problema catalán es mucho más
complejo y grave que quitarse de encima a Gallardón.
Se deberán llevar a cabo en un futuro inmediato transformaciones
políticas y legales que permitan una
mayor identificación de cuando menos un sector de la sociedad catalana con el Estado Español. Para ello será
necesario una Reforma Constitucional
que resuelva este y otros puntos de la misma como el artículo dieciséis donde
se confiere una excepcionalidad a la Iglesia Católica, que si podía tener
sentido en 1978, queda fuera de lugar en una sociedad fuertemente laica como la
de hoy en día. O la definición de las Diputaciones Provinciales como
Administración necesaria del Estado, lo que en un Estado Autonómico no hace más
que superponer Administraciones con competencias compartidas. He citado a
título de ejemplo sólo algunos aspectos reformables de nuestra Carta Magna.
Evidentemente todo el proceso complejo que supone reformar la Constitución
deberá abordar muchas más cuestiones, pues las Constituciones no se reforman
todos los años.
El Partido Popular bien por un esencialismo español mal
entendido, o por corto-placismo electoral ha adoptado de momento una
posición inmovilista ante la crisis en Cataluña que radicaliza las posiciones
en esa Comunidad y no conduce más que a un reiterado y tedioso discurso sobre
la obligación de los poderes públicos de cumplir y hacer cumplir la Ley. Esto
es obvio. Pero las leyes en una democracia se pueden modificar y no
convertirlas en un “corsé” que cree más problemas que los que resuelve. Y esto
también es válido para algunos artículos de la Ley de Leyes que es la Constitución.
En resumen hay unas líneas rojas – por emplear una expresión
de moda – que no se pueden atravesar como es la unidad de la Nación Española
por razones económicas, estratégicas y legales. La pretensión del soberanismo
catalán que en Europa hay una amplia corriente simpatía por su derecho a la
Independencia es hacerse trampas al solitario, pues, por lo menos en la Europa
continental, la de verdad, la del euro, la ruptura de las fronteras establecidas después
de la Segunda Guerra Mundial en el corazón de Europa se considera como un grave
riesgo a la estabilidad de todos los países. Significados “lideres” europeos han
expresado claramente su posición contraria a la “aventura catalana”. Más acá de
las líneas rojas hay un amplio campo que desarrollar que permitiría reconocer
la singularidad catalana en el Estado Español sin que ese reconocimiento
suponga amenaza a la ruptura del Estado. Tan absurdo es pretender la
independencia de Cataluña como considerar que esa Comunidad es una región más
de España.
El artículo dos de la Constitución hay que leerlo entero, y cuando
se refiere a nacionalidades y regiones, de
“facto está reconociendo la heterogeneidad de los territorios de la nación.
Obviamente esta heterogeneidad no debe suponer
privilegios a unos territorios sobre otros. Únicamente reconocer que lo
que es distinto en lo real se debe
reconocer en las leyes.
P.D: Hoy 6 de
octubre se acaban de conocer las declaraciones del Conseller de Presidencia de
la Generalitat Francesc Homs. Creo
que refuerzan la idea que se muy improbable que el 9 de noviembre haya consulta.
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